EL TIJERETAZO DEL NUEVO GOBIERNO (por ahora)

Se acabó el 2011. El año en que la oligarquía financiera consiguió someter a la democracia. También fue el año en el que parte de la ciudadanía se liberó de su aburguesamiento y despertó como conciencia social altermundista; lástima que no haya sido suficiente para evitar ni el proceso de vampirización financiera de la política económica en Europa ni el resurgimiento de la misoginia más reacionaria. En España, además, estrenamos un nuevo gobierno; su elección ha sido favorecida por el castigo electoral al anterior y también por la desporporcionalidad de una ley electoral sesgada al bipartidismo. Así pues, entramos en el 2012 con el ‘indignómetro’ a tope por la resaca de las primas de riesgo, el latrocinio generalizado de la banca, el huracán postelectoral y una especie de ‘resignación social’ ante la creciente desigualdad.

La investidura del nuevo gobierno en España representó la constatación de algunas de sus marcas ideológicas. La primera fue el desprecio total a la paridad política y a la Ley Orgánica para la Igualdad 3/2007 que en su artículo 16 dice que “los poderes públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan”. La segunda fue el regodeo en una de las perversiones del sistema: el lobby financiero se instaló en el gobierno con el nombramiento del actual Ministro de Economía, completando la reapropiación de la esfera política. Luis de Guindos, junto con Monti, Papademos y Darghi, anteriores representantes de Lehman Brothers y Goldman Sachs (entidades financieras causantes de la crisis) tienen ya entre sus competencias actuales las decisiones económicas que gobierna las vidas de la ciudadanía en Europa. Y la tercera fue el secreto anunciado de que la política económica del nuevo gobierno (del PP) sería aún más agresiva que la iniciada en mayo del 2010 por el anterior gobierno (del PSOE).

 Quien comió las uvas en el cambio de año, lo hizo con el sabor amargo de un tijeretazo histórico, el del 30 de diciembre, anunciado como “el inicio del inicio”; la intención, dicen que, es contener el déficit público que se ha disparado de las previsiones. Para ello se pretende reducir el gasto público en 8.900 millones y aumentar en 6.275 millones de euros los ingresos a través de una subida de impuestos. No dicen, aunque sí sabemos, que en esta desviación del déficit público ha influido la integración de las cuentas de las comunidades autónomas, en gran parte deficitarias y con situaciones escandalosas . Y para la noche de reyes nos obsequiaron con un plan de propuestas que se supone complementarán las medidas de ajuste iniciado.

 En España parece haber calado el discurso neoliberal sobre la austeridad fiscal, a pesar de que la desregulación y ‘libre mercado’ que propone es lo mismo que ha provocado la crisis.
La evidencia en Europa contradice las supuestas benvolencias de este discurso y dan la razón a los avisos del riesgo de recesión económica al que nos llevan las políticas de austeridad y de recortes de gasto público. Pues bien, a pesar de ello, el primer paquete de medidas aprobado por el nuevo gobierno sigue el guión de la austeridad, lo que dificultará la salida de la crisis y nos trasladará a otro escenario: el de mayor pobreza que definen Stiglitz, Krugman y Sampedro.

 De seguir insistiendo en los recortes de renta sobre la población habrá menor consumo, y ya se sabe que ante menos demanda se contrae la oferta, lo que impepinablemente provocará más despidos, más paro y menor recaudación, con un consiguiente aumento del déficit y vuelta a empezar.

Porque por mucho que digan lo contrario, es evidente que las medidas propuestas no se dirigen a crear empleo ni a reactivar la actividad económica, sino que provocarán una merma de derechos sociales y laborales así como una reducción de la capacidad adquisitiva de las personas asalariadas y pensionistas sin tocar ni un hilo de la cartera de los especuladores y grandes riquezas.

Veamos algunos aspectos de estas medidas.

Hay quien reprocha al gobierno que haya subido los impuestos, y que lo tacha de haber mentido durante la campaña cuando juraba y perjuraba que no lo haría . Efectivamente, la hemeroteca destapa las mentiras y cualquiera puede comprobarlo; ahora bien, ¿realmente se la creyeron?.el problema no es la subida de impuestos, sino la estructura y composición de dicha subida; es decir, sobre quién va a recaer y en qué medida afectará al papel del Estado en la redistribución de la riqueza. Pueden hacerse una idea perfectamente porque, lamentablemente, el guión de las políticas neoliberales no es nuevo.

 Las rentas de trabajo financian una parte importante de los ajustes acordados y experimentarán una fuerte pérdida de capacidad adquisitiva, tanto por la congelación de salarios públicos como por la subida del IRPF (el 85% de las rentas declaradas en este impuesto son procedentes del trabajo)

 Así pues, lo realmente cuestionable de la subida de impuestos aprobada es que se olvida, una vez más, de que hay otros posibles sujetos contribuyentes además de quienes todavía conservan su empleo con una nómina. Por ejemplo, las grandes empresas, a las que se les podría haber aplicado una subida del Impuesto de sociedades, por ejemplo del 30% al 35%, sobre los beneficios superiores a una determinada cantidad, por ejemplo un millón de euros anuales; esto podría generar unos ingresos de más de 13.000 millones de euros, según las estimaciones realizadas por técnicxs de hacienda

 También se podría haber creado un impuesto sobre la riqueza, que es la que en este país se ha escaqueado tradicionalmente de contribuir al sostenimiento del estado de bienestar embrionario que hemos tenido. Y por supuestísimo, se podría haber creado un impuesto sobre las transacciones finacieras, otro sobre los beneficios de la banca y otro más sobre los ‘bonus’ que siguen cobrando los directivos de las entidades financieras. Es decir, hay alternativas suficientes para conseguir una mayor recaudación vía impuestos de una manera más eficiente y equitativa. ¿Por qué se renuncia a este incremento de ingresos?

 En el segundo paquete de medidas intencionales aprobado el 5 de enero, el gobierno se compromete a intensificar un plan de lucha contra el fraude fiscal, un cometido muy necesario de abordar, y que según el personal de hacienda se podría cuantificar en un cuarto de billón de euros

  lo que podría ‘emerger’ hacia las arcas del Estado. Sin embargo, lo aprobado parece ser más un guiño de ‘como si’ en vez de una apuesta real para hacer efectiva esta vía de recaudación fiscal. De hecho la propuesta de un nuevo Plan Nacional contra el fraude pretende recaudar aún menos de lo que actualmente se está consiguiendo (previsión de 8.100 millones frente a los casi 10.400 millones obtenidos en el 2011). En mi opinión, si se aprueba este nuevo Plan en las condiciones anunciadas será un acto de negligencia claramente denunciable.todas estas posibilidades – y muchas otras – deberían formar parte de una propuesta de política fiscal progresiva – y progresista – basada en el principio horizontal de equidad. ¿Es creible pensar que el gobierno actual vaya a ponerlas en marcha cuando el gobierno socialdemócrata anterior no lo hizo? Se trata de una duda razonable, sin embargo, ni siquiera la existencia de esta duda sería motivo suficiente para dejar de exigir una política fiscal progresiva en estos momentos. Hace falta, más que nunca, coordinar el criterio de equidad con el de eficiencia económica y exigir que la salida a la crisis no la paguen exclusivamente quienes perciben un recibo salarial.

 Otra de las medidas aprobadas ha sido la congelación del salario mínimo interprofesional 

 La moratoria hasta el 2013 tanto de la Ley de dependencia como de la ampliación a 4 semanas del permiso de paternidad ejemplos más representativos del recorte de derechos que conllevan el tijeretazo de este nuevo gobierno. 

 . La decisión de congelar el empleo público, de establecer la tasa de reposición cero de las plantillas o la de eliminar gran parte de las empresas públicas existentes (aunque aún no se conozca cuáles) obedece más al interés de minimizar el papel del Estado que al de eliminar duplicidades en el gasto público. Porque si al gobierno le interesase ahorrar gastos innecesarios podría redimensionar las diputaciones provinciales e incluso optar por plantrear al parlamento la supresión del senado

 Tras la cumbre europea del 9 de diciembre, conocimiento de manera velada el anuncio de lo que será la eliminación del ‘estado-nación’, su sustitución por la tendencia al federalismo europeo y la toma del poder político de los lobbys financieros y empresariales; cabría esperar pues un reajuste de las cámaras de representación política vacías de contenido, salvo que haya un plan para dotarlar de cometido hoy en día.Entre las medidas del 30 de diciembre, se ha decidido prorrogar el tratamiento fiscal favorable de la compra de vivienda (ya no sólo la habitual), y con ello se ha reactivado el fantasma de la vuelta al ladrillo y la posibilidad de alimentar a medio plazo una nueva burbuja inmobiliaria. Paradojas del capitalismo: la ‘mano invisible’ del sector financiero ha clamado por la intervención del Estado para contener la caída en el mercado del precio de sus inmuebles y evitar un fuerte descalabro en sus balances. Y al mismo tiempo que se decide acudir a resolver las necesidades de los lobbys inmobiliarios y financieros se decide también echar el freno a la inversión pública en la sociedad del conocimiento con un nuevo recorte de 600 millones de euros en I+D+I. ¿Es este el modelo de desarrollo con el que España pretende salir de la crisis?Estos ajustes y aparentes contradicciones responden al modelo de Estado y al modelo de sociedad que representa el gobierno. Y con el tiempo la gente ilusa descubrirá que el ‘milagro’ anunciado no ocurre y que aunque la oligarquía financiera lo proclame en polifonía, cada vez más personas saben que hay alternativas al modelo neoliberal. Todo ello augura que el 2012 será un año de movimientos, de reacción ciudadana y también de articulación de redes de solidaridad fuera de la economía de mercado.