HIPERACTIVIDAD "RAJOYISTA": LOS TRES MESES QUE SONROJARON AL PSOE
Aseguró que no venía a por aplausos sino a trabajar.
Tres meses después,la batería de medidas de calado
para afrontar la crisis han dejado en evidencia el
"pasmo" en el que vivía Zapatero.
El 21 de diciembre de 2011 Mariano Rajoy era investido presidente del Gobierno. Un día después, anunciaba los nombres de su Gabinete. A dos días de cerrar el año y con apenas nueve de vida, el nuevo Gobierno elegido bajo el lema Por el cambio anunciaba sus primeras medidas.
Sirva de ejemplo este corto intervalo de tiempo para resumir la frenética actividad del Ejecutivo popular en sus primeros días, evidenciando aún más la inmovilidad de Zapatero frente a la crisis económica. No sólo debía hacer frente a números ya de por sí escandalosos como los cinco millones de parados, sino a lo hallado bajo las alfombras de Moncloa: un desvío de 20.000 millones de euros en el déficit.
En este paquete tuvieron que venir envueltas las primeras medidas del Consejo de Ministros: un acuerdo de no disponibilidad aplicado a todos los ministerios por valor de 8.900 millones de euros; una "extraordinaria" subida "equitativa" del IRPF por tramos -obligada renuncia de Rajoy a cumplir su promesa de no subir impuestos-; la congelación de los salarios de los funcionarios; y un recorte del 20% a las subvenciones destinadas a sindicatos, organizaciones empresariales y partidos políticos que le valieron las primeras protestas -con uñas preparadas- de socialistas y sindicalistas. En contraprestación, cumpliendo con su palabra, se subieron las pensiones un 1%.
Tras el enorme "sacrificio" que se le pidió a los ciudadanos, tocaba el turno de meter la tijera en los desproporcionados y en ocasiones absurdos gastos del Estado. Una labor que arrancó a los quince días de la toma de posesión de Rajoy. Primero, con la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para meter en cintura a las comunidades autónomas, culpables en mayor medida del déficit desbocado; el anuncio de una nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno -cuyo anteproyecto se aprueba el próximo viernes-; y con la reducción no sólo del número de cargos que forman la Administración Central, también de entes públicos que en los últimos años proliferaron de manera descarada.
En este sentido, el último Consejo de Ministros trajo consigo la supresión de 24 empresas públicas con situaciones rocambolescas a cuenta de millones de las arcas del Estado; y la desinversión en más de 40 del mismo tipo. Aunque como anunció la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, esto no ha hecho más que empezar porque ahora le toca hacer lo propio a las comunidades autónomas.
En paralelo, en esa batería de medidas que ya ha acostumbrado el Gobierno popular en estos escasos tres meses de gestión, se pusieron en marcha otras tantas para el principal objetivo en estos momentos: la creación de empleo. La más importante de todas fue la reforma laboral, cuya revisión de un sistema que se ha demostrado imperfecto ha puesto más que nerviosa a la izquierda y a los heridos de muerte sindicatos.
Sin embargo, si hay algo en lo que haya pillado Rajoy a contrapié a los deseosos de un tropiezo que les devuelva al poder -el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba- han sido las decisiones de carácter social. La limitación de los sueldos de los directivos de aquellos bancos y cajas que cuentan con subvenciones públicas, así como la reducción de los miembros de consejos de administración de empresas del Estado, fue el primer shock para los socialistas. El remate sería la aprobación de la dación en pago, acompañada de un Código de Buenas Prácticas -al que ya se han acogido los grandes bancos nacionales- con el fin de frenar los desahucios en familias con riesgo de exclusión social.
En estas circunstancias, a algunos exministros del PSOE -como Josep Borrell o José Bono- no les quedó otra que lamentar que dichas medidas no hubiesen sido puestas en marcha por el Gobierno socialista. Para colmo, una de las primeras decisiones del nuevo Ejecutivo había sido aprobar la Ley Sinde, estrella estrellada del proyecto de Zapatero que no se atrevió a culminar por miedo a un mayor rechazo ciudadano.
La hiperactividad de este recién nacido Gobierno -que en 80 días parece haber hecho más que en toda una legislatura de Zapatero- también se tradujo en la política internacional. Y no sólo en el giro que ésta ha dado de la mano de José Manuel García-Margallo en las relaciones con Europa, el caso de Gibraltar o Cuba, sino también en los contactos -dentro y fuera de España- que en estos primeros días ha ido manteniendo Rajoy.
Empezando por Marruecos -donde se reunió con el jefe del Ejecutivo, Abdelilá Benkirane, y con Mohamed VI-; y Portugal, con su cita lisboeta con Pedro Passos Coelho; Rajoy ha celebrado en estos meses encuentros con los principales líderes europeos, encabezados por Nicolas Sarkozy, Ángela Mérkel, Durao Barroso y, más recientemente, en Italia con Mario Monti. Completando así una ajetreada agenda política que, vista la reacción, siembra algo más que nerviosismo en la oposición.
Aseguró que no venía a por aplausos sino a trabajar.
Tres meses después,la batería de medidas de calado
para afrontar la crisis han dejado en evidencia el
"pasmo" en el que vivía Zapatero.
El 21 de diciembre de 2011 Mariano Rajoy era investido presidente del Gobierno. Un día después, anunciaba los nombres de su Gabinete. A dos días de cerrar el año y con apenas nueve de vida, el nuevo Gobierno elegido bajo el lema Por el cambio anunciaba sus primeras medidas.
Sirva de ejemplo este corto intervalo de tiempo para resumir la frenética actividad del Ejecutivo popular en sus primeros días, evidenciando aún más la inmovilidad de Zapatero frente a la crisis económica. No sólo debía hacer frente a números ya de por sí escandalosos como los cinco millones de parados, sino a lo hallado bajo las alfombras de Moncloa: un desvío de 20.000 millones de euros en el déficit.
Tras el enorme "sacrificio" que se le pidió a los ciudadanos, tocaba el turno de meter la tijera en los desproporcionados y en ocasiones absurdos gastos del Estado. Una labor que arrancó a los quince días de la toma de posesión de Rajoy. Primero, con la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para meter en cintura a las comunidades autónomas, culpables en mayor medida del déficit desbocado; el anuncio de una nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno -cuyo anteproyecto se aprueba el próximo viernes-; y con la reducción no sólo del número de cargos que forman la Administración Central, también de entes públicos que en los últimos años proliferaron de manera descarada.
En paralelo, en esa batería de medidas que ya ha acostumbrado el Gobierno popular en estos escasos tres meses de gestión, se pusieron en marcha otras tantas para el principal objetivo en estos momentos: la creación de empleo. La más importante de todas fue la reforma laboral, cuya revisión de un sistema que se ha demostrado imperfecto ha puesto más que nerviosa a la izquierda y a los heridos de muerte sindicatos.
Sin embargo, si hay algo en lo que haya pillado Rajoy a contrapié a los deseosos de un tropiezo que les devuelva al poder -el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba- han sido las decisiones de carácter social. La limitación de los sueldos de los directivos de aquellos bancos y cajas que cuentan con subvenciones públicas, así como la reducción de los miembros de consejos de administración de empresas del Estado, fue el primer shock para los socialistas. El remate sería la aprobación de la dación en pago, acompañada de un Código de Buenas Prácticas -al que ya se han acogido los grandes bancos nacionales- con el fin de frenar los desahucios en familias con riesgo de exclusión social.
La hiperactividad de este recién nacido Gobierno -que en 80 días parece haber hecho más que en toda una legislatura de Zapatero- también se tradujo en la política internacional. Y no sólo en el giro que ésta ha dado de la mano de José Manuel García-Margallo en las relaciones con Europa, el caso de Gibraltar o Cuba, sino también en los contactos -dentro y fuera de España- que en estos primeros días ha ido manteniendo Rajoy.
Empezando por Marruecos -donde se reunió con el jefe del Ejecutivo, Abdelilá Benkirane, y con Mohamed VI-; y Portugal, con su cita lisboeta con Pedro Passos Coelho; Rajoy ha celebrado en estos meses encuentros con los principales líderes europeos, encabezados por Nicolas Sarkozy, Ángela Mérkel, Durao Barroso y, más recientemente, en Italia con Mario Monti. Completando así una ajetreada agenda política que, vista la reacción, siembra algo más que nerviosismo en la oposición.
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